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Importante impulsar un Código de Convivencia Pacifica como eje de la defensa de la vida digna de todos los vallecaucanos, que compromete valorar la cultura ciudadana, el respeto del espacio público como escenario de participación y de discusión de lo público y no solo como espacio de tránsito, un código que impulse los derechos de la ciudadanía plena para las etnias, los jóvenes, las mujeres, los homosexuales, lo que implica un trato digno entre autoridades y pobladores que supere los prejuicios por estrato social y económico, étnico y generacional. Que afronte las causas del desplazamiento forzado: no basta con mitigar las consecuencias del mismo, es imperativo transformar el sistema que produce el desplazamiento y el despojo.
La desmilitarización de la vida ciudadana es un imperativo en estos momentos. Diferenciamos la participación de las comunidades en los asuntos que los afectan, de su vinculación como actores del conflicto armado que vivimos. La recuperación de la vecindad para garantizar condiciones de convivencia pacifica en las comunidades, para discutir los problemas comunes de manera colectiva y pública, fortalecería las posibilidades de respeto y realización de los Derechos. La Seguridad Democrática distorsiona el concepto del Estado Social de Derecho y limita la participación efectiva de la comunidad al papel de informantes, vinculándolos al conflicto armado, y resuelve las necesidades de Seguridad solo en los aspectos relacionados con el funcionamiento del modelo neoliberal (seguridad de carreteras para el transporte de mercancías, represión de la protesta social, detenciones masivas de pobladores). El Consejo Nacional de Planeación advierte al Gobierno Nacional: “Si bien las “redes de cooperantes” pueden ser una herramienta importante de cooperación con las autoridades, estas se pueden convertir en un punto crítico de la política de seguridad democrática. Aunque el planteamiento de la iniciativa puede ceñirse a las perspectivas de un Estado Social de Derecho, en la práctica real vincular a los ciudadanos en el conflicto llevaría a la violación de uno de los más elementales principios del derecho internacional humanitario, la distinción entre combatientes y la población civil. Además, preocupa que las masivas retenciones sean posteriormente revertidas por los jueces de la República, por su carácter arbitrario e injusto”. Apoyamos la salida negociada al conflicto político – militar articulándolo con la superación de las condiciones que hacen posible la existencia del mismo, la rectificación del rumbo político, social y económico de nuestro país siguen estando al orden del día. |
