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El Valle del Cauca a partir del proceso de descentralización aumentó los recursos transferidos por la nación y también las competencias y responsabilidades en salud, educación y prestación de servicios básicos, siendo certificado en la categoría especial. Los gobiernos departamentales gastaron más de lo que recibieron, fundamentalmente en funcionamiento, suscribieron créditos, endeudaron el departamento, y siguieron gastando sin invertir llegando a una situación de sobreendeudamiento e incumpliendo el pago de los créditos. Esto indudablemente es el resultado de los malos manejos administrativos, la corrupción, el clientelismo y la politiquería de los mandatarios a nivel nacional y local y del sistema político electoral. Mandatarios comprometidos con intereses ajenos al interés común, a la justicia social, y una Asamblea Departamental arrodillada al acompañar estas decisiones y prácticas sin asumir su responsabilidad como ente coadministrador y controlador político de la gestión gubernamental.
A partir de esta situación los ingresos tributarios cayeron, teniendo que invertir recursos para el pago de la deuda. Los gastos de funcionamiento siguieron, siendo el más sensible el pago pensional con altos índices de corrupción; la inversión pública se redujo al mínimo. Los gobiernos nacionales interesados en frenar el proceso de descentralización y autonomías locales se la juegan por fortalecer el poder presidencial y con la disculpa generada por la crisis fiscal, han implementado reformas constitucionales para limitar el crecimiento de transferencias y reestructurar el Sistema General de Participaciones (SGP), en el que se definen los recursos y competencias de los entes territoriales. Algunas de las medidas adoptadas en tal sentido fueron: Ley 358 de 1997. Controles al endeudamiento. Ley 549 de 1999. Creó el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) para atender al pasivo pensional. Ley 550 de 1999. Para la reestructuración del pasivo de Empresas y de las obligaciones de las entidades territoriales. Ley 617 del 2000. Ajuste fiscal de los entes territoriales mediante el programa de saneamiento fiscal y financiero, para restablecer la solidez económica y financiera, reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos, fortalecimiento de los ingresos. Ley 715 de 2001 Modificó el régimen de transferencias de la nación a los entes territoriales para la prestación del servicio de salud y educación. Ley 716 del 2001. Estableció el saneamiento contable. Ley 819 de 2003. Rendición permanente de cuentas sobre el monto y la utilización de los recursos públicos de los entes territoriales. Y finalmente, la aprobación por parte del Congreso actual de la reforma constitucional que reduce los porcentajes de transferencias de la nación a los municipios.
El paquete legislativo señalado anteriormente, fortalece la ingerencia del gobierno central en el aspecto más sensible, las finanzas. |
