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La política de descentralización, la autonomía local y regional, la elección popular de Alcaldes y Gobernadores, pretenden fortalecer la democracia local, acercar el gobierno a los ciudadanos; de hecho algunos Alcaldes y Gobernadores no pertenecen a las maquinarias políticas de los partidos tradicionales. Por lo tanto, las políticas mencionadas, que afectan la autonomía financiera de los entes territoriales, fundamentalmente atacan la descentralización y fortalecen el poder Presidencial en las localidades y departamentos.
Sobre una imagen falsa y mentirosa se montó, de una parte, el argumento de que el poder central está manejado por una tecnocracia, meritocracia, libre de vicios politiqueros, capaz de asumir los grandes retos y realizar los grandes proyectos que requiere el país. Y de otra parte, se ha vendido la idea que en la periferia (regiones y localidades) lo que reina es el clientelismo y la corrupción. De esta manera se oculta el verdadero interés, cual es, disminuir las posibilidades de sectores alternos administrando localidades, con lo que se fortalece a la vez el presidencialismo y el sistema económico neoliberal. No olvidemos que la meritocracia de Uribe ha pasado por tener Ministros comprometidos con procesos de fraude (caso Londoño), sostener en niveles de dirección o en instituciones de seguridad e inteligencia a personas comprometidas con paramilitarismo y corrupción (caso DAS), y la repartición de Embajadas y Consulados para familiares de Congresistas. Sin embargo el gobierno nacional mantiene su discurso de la meritocracia y transparencia (a Uribe también le dicen presidente teflón, todo le resbala). EMCALI por ejemplo, está endeudada y frente a una petición realizada por el Alcalde Ricardo Cobo, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Esta intervención no ha servido para corregir las erróneas políticas impulsadas o permitidas por la ineficiencia del gobierno, como son la ineficacia de sus políticas, la corrupción administrativa, y desviación de recursos hacia beneficiarios privados; al contrario la empresa se ha marchitado más. Todo esto funciona con la complacencia del Concejo Municipal. Vaya que justeza y razón tiene la campaña “NO REELIJA ESTE CONCEJO MAAAAALO”. El saneamiento fiscal se podría enfrentar con otras medidas como las de control, las de responsabilidad de los mandatarios irresponsables, colocando en evidencia no solo jurídica sino política a los autores responsables de la actual crisis, y la defensa de lo público. El gobierno del Presidente Uribe se caracteriza por impulsar el denominado Estado comunitario y la seguridad democrática, que reduce todos los conflictos incluyendo los sociales, a la guerra contra el terrorismo. De tal forma que aumenta el pie de fuerza en las regiones, promueve la participación clientelista en los recursos del Estado, y fortalece el presidencialismo ampliando su intervención en asuntos locales, con lo cual contribuye con el a desinstitucionalización del país. A lo anterior se le suma la corrupción política que ha generado apatía en la participación de la ciudadanía: el clientelismo y la politiquería alimentan la incredulidad y la desesperanza. En el Valle del Cauca la violencia y la criminalidad aumentaron, la inseguridad cundió. De los cinco primeros municipios que registran altos índices de violencia tres son del Valle, Buenaventura registra los peores indicadores sociales y su situación social es de las más explosivas en el Valle del Cauca. Buenaventura es municipio receptor de población desplazada del Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño, y expulsa población fundamentalmente hacia Cali. Aproximadamente hay en Buenaventura 7368 familias desplazadas por la violencia que representan unas 40.736 personas; se registra población desplazada internamente (barrios: Inmaculada, San Francisco, Lleras, Viento Libre, Alfonso López, Juan XXIII, Muro Yusty, Brisas del Mar, Campo Alegre). La crisis generalizada en Buenaventura llevó a la población a realizar un Paro Cívico (1998) lográndose un acuerdo sobre mesas de trabajo temáticas, pero este acuerdo ha sido burlado. Los derechos más violados y/o vulnerados en Buenaventura son: la vida, la integridad personal, la Salud, la educación, el trabajo, el debido proceso, la igualdad y la diferencia. Una de las principales causas es la desigual distribución de la riqueza, que ha derivado en marginamiento, exclusión y desigualdad. |
