“La democracia no se construye sobre la base de que todos estemos de acuerdo,
ni se construye sobre una fe absoluta, sobre un texto incuestionable, sagrado,
sino sobre la aceptación de los desacuerdos y las diferencias,
sobre la angustia de pensar por si mismo, decidir por si mismo, ser responsable de si mismo.
 La democracia implica que nadie se puede apoyar en algo absoluto,
es el reconocimiento que uno se equivoca, es tener la idea de que se puede aprender de las diferencias,
de aquellos que no piensan como uno, que nos cuestionan,
nos obligan a argumentar y por lo tanto a pensar y no solamente soportarlos.”

 Estanislao Zuleta  

El departamento del Valle del Cauca tiene una población estimada por el DANE en 4.060.196 habitantes, 52% mujeres y 48% hombres.

Al hacer un análisis más detallado de los indicadores sociales en salud y educación para el Valle del Cauca, en comparación con el total nacional, se advierten importantes brechas sociales.

Factores estructurales

El modelo económico implementado en el Valle del Cauca antes de la década de los 80, favoreció el crecimiento de la agroindustria azucarera con su cadena productiva (caña, azúcar, bebidas, papel, entre otras) aprovechando los recursos naturales del departamento: tierra fértil, abundante agua, etc., y la mano de obra de los corteros de caña y de los trabajadores de las diferentes industrias. El café fue otra actividad estructurante del Valle, la cual cayó con la desaparición del convenio internacional del café, de la Organización Internacional del Café y la caída de los precios internacionales del mismo a finales de los años ochenta.  Otras actividades industriales (alimentos, textiles, papel, cartón, cementos, farmacéutica, entre otras) también se articularon a las ventajas geoestratégicas de la región sobre todo por el acceso a los mercados nacionales e internacionales. La diversificación fue notable en la economía regional.

El Valle del Cauca a partir del proceso de descentralización aumentó los recursos transferidos por la nación y también  las competencias y responsabilidades en salud, educación y prestación de servicios básicos, siendo certificado en la categoría especial. Los gobiernos departamentales gastaron más de lo que recibieron, fundamentalmente en funcionamiento, suscribieron créditos, endeudaron el departamento, y siguieron gastando sin invertir llegando a una situación de sobreendeudamiento e incumpliendo el pago de los créditos. Esto indudablemente es el resultado de los malos manejos administrativos, la corrupción, el clientelismo  y la politiquería de los mandatarios a nivel nacional y local y del sistema político electoral. Mandatarios comprometidos con intereses ajenos al interés común, a la justicia social, y una Asamblea Departamental arrodillada al acompañar estas decisiones y prácticas sin asumir su responsabilidad como ente coadministrador y controlador político de la gestión gubernamental.

La política de descentralización, la autonomía local y regional, la elección popular de Alcaldes y Gobernadores, pretenden fortalecer la democracia local, acercar el gobierno a los ciudadanos; de hecho algunos Alcaldes y Gobernadores no pertenecen a las maquinarias políticas de los partidos tradicionales. Por lo tanto, las políticas mencionadas, que afectan la autonomía financiera de los entes territoriales, fundamentalmente atacan la descentralización y fortalecen el poder Presidencial en las localidades y departamentos.

Las elecciones del 2003 llevaron a la Gobernación del Valle a un reconocido dirigente sindical, con la más alta votación del país. El gobernador Garzón recibió el departamento con un déficit fiscal alto generado por las malas administraciones anteriores, y lo asumió estableciendo una administración austera y comprometida con el plan de saneamiento fiscal y financiero suscrito con la Banca y el Ministerio de Hacienda. Debía aplicar la ley de ajuste fiscal (617) y la Ley de saneamiento contable (716).  

Las políticas de desarrollo implementadas, han generado el empobrecimiento de muchos sectores, la degradación de la calidad de vida de los vallecaucanos y ha favorecido el monocultivo y el aprovechamiento de las tierras fértiles y de los recursos naturales entre ellos el agua en beneficio de unos pocos. No toda la tierra del Valle está siendo utilizada productivamente y la concentración es cada día mayor, el Estado debe reivindicar la función social de la propiedad.

Acercarnos al diagnostico del departamento de tal forma que  identifique las fuerzas vivas y las tendencias fundamentales de la economía. La formulación de una política que no conozca los agentes privados, las fuerzas sociales y/o las gubernamentales que la ejecutan, que se favorecen o se vean afectados, genera la inviabilidad de las metas, tanto económica como políticamente. Probablemente muchas de las propuestas alternativas pasan por generar procesos sociales que se apropien de la propuesta, se organicen y se movilicen para conquistarla.

“Cuando rece mueva los pies”
 Adagio Africano

Entendemos la participación como el ejercicio integral de recibir parte de y tomar parte en. En el primer sentido se alude al mecanismo de integración al recibir atención y/o disponer de bienes y servicios públicos. En el segundo, se refiere a la profundización de la práctica participativa, se trata de acercar la gestión pública al ciudadano, generar la capacidad colectiva para proponer y promover iniciativas dinamizadoras de la vida social, ser sujeto activo en las decisiones, no solo con  la posibilidad de expresión en las movilizaciones sino también en el ejercicio pleno de expresarse, escuchar, ser escuchados, en un escenario con capacidad para tramitar las demandas de los ciudadanos. (El gobierno nacional actual ha sido sordo a los clamores por la no firma del TLC, por el Acuerdo Humanitario, entre otras movilizaciones ciudadanas). Esto requiere que el ciudadano esté informado, por ello la comunicación debe ser transversal y permanente, también requiere la construcción de espacios formales e informales para la discusión.

El desarrollo económico debe estar dirigido a la realización de los Derechos Humanos, a eliminar las desigualdades sociales y a que se fortalezca el aparato productivo regional de cara al desarrollo humano, garantizando al menos la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

La recuperación social y económica del departamento tiene que ver con la aplicación de políticas inmediatas pero que tengan visión de futuro, de respeto con las nuevas generaciones y con el sistema ambiental. En este sentido el recurso hídrico es fundamental en la dinamización económica del Valle con rostro humano, pero es un recurso en situación critica, lo cual se manifiesta en que su disponibilidad es cada vez más escasa, el grado de contaminación es alto, el agua accesible se concentra en pocas manos y se utiliza como una mercancía negociable para generar ganancias a los particulares: Hidroeléctricas privadas, riego agroindustrial, venta del servicio de acueducto y finalmente el gran negocio: la venta del agua en botella o bolsas.

La lucha por acceder al poder tiene como norte una propuesta de desarrollo alternativo para las y los vallecaucanos, ese es el sentido de nuestra participación en la escena de las elecciones; por lo tanto, consideramos que llegar al poder tiene como fundamento trabajar en beneficio de las mayorías del departamento, diferente al ejercicio de sectores tradicionales corruptos de cobrar los costos de sus campañas electorales, repartiendo el presupuesto como botín de guerra y la administración pública como el escenario para cumplir compromisos burocráticos.

Proponemos el impulso de políticas de acción afirmativa que cierren la brecha de las inequidades, y tomar medidas que combatan la discriminación racial y étnica, que desarrollen la multiculturalidad y respetan la diversidad étnica.

Importante impulsar un Código de Convivencia Pacifica como eje de la defensa de la vida digna de todos los vallecaucanos, que compromete valorar la cultura ciudadana, el respeto del espacio público como escenario de participación y de discusión de lo público y no solo como espacio de tránsito, un código que impulse los derechos de la ciudadanía plena para las etnias, los jóvenes, las mujeres, los homosexuales, lo que implica un trato digno entre autoridades y pobladores que supere los prejuicios por estrato social y económico, étnico y generacional. Que afronte las causas del desplazamiento forzado: no basta con mitigar las consecuencias del mismo, es imperativo transformar el sistema que produce el desplazamiento y el despojo.

Finalmente, hay unos factores exógenos, estructurales unos, coyunturales otros, a los que, si bien no están en la esfera de nuestras decisiones en el marco regional, es importante coadyuvar. Estos son: